CUESTIONES PENDIENTES

Plan de Manejo del Iberá y la indefinición en las posturas

Los autores del artículo hacen un racconto histórico de las decisiones políticas que se adoptaron, para que la Fundación Ecos elaborara el citado documento.

Por María de las Mercedes Torres Fernández y Leonidas Miguel Antonucci de la redacción de “época”

El decir que no existe en nuestra provincia una política integral ambiental, ya no es noticia para quienes siguen el análisis del tema que venimos efectuando a través de este espacio, pero ahora debemos sumar a esto, la ausencia de políticas ambientales sectoriales claras, definidas y coherentes, fijadas de antemano por parte de la autoridad ambiental. Un ejemplo, lo tenemos en el tan sonado “Plan de Manejo y Conservación de los Esteros del Iberá”. Si bien la comunidad ha recibo parcialmente información de todo tipo, haremos una apretada síntesis de la evolución de la postura asumida por la Autoridad Ambiental al respecto. Para ello, nos remontamos a la nota enviada el 23 de enero de 2002 a la Cancillería argentina, donde la entonces ministro de la Producción, Estela Robaina, respalda totalmente el Proyecto “Manejo y Conservación de la Biodiversidad en los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina”, presentado ante organismos internacionales por la Fundación ECOS. Mediante esa carta se brindó el respaldo a dicha fundación, induciendo a que nuestro país asumiera los compromisos necesarios para la ratificación del convenio.

Por la Resolución 344 del 23/12/03, el actual titular del ICAA aprobó la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre dicho Instituto, en su carácter autoridad de aplicación de los recursos hídricos y el ambiente y el director del Proyecto PNUD-Arg/02/G035, este último, como responsable de la administración y ejecución de los fondos obtenidos. Su objeto era establecer acciones de cooperación interinstitucional entre ambos firmantes en el manejo y conservación de la biodiversidad en los humedales de los Esteros del Iberá. El ICAA, se comprometió así, entre otras cosas, a brindar su estructura jurídica, técnica y sus capacidades en calidad de Autoridad Ambiental, a la implementación coordinada de tareas emergentes de los acuerdos celebrados entre las partes con distintas entidades y a participar de la Comisión de Implementación del Proyecto, tendiente a “analizar y aprobar la política de ejecución del proyecto, el plan operativo anual y su presupuesto indicativo...”.

Por otro lado, la contraparte se comprometía a aportar los recursos humanos, técnicos, económicos y organizativos para el cumplimiento del objetivo del proyecto y los resultados del mismo serían puestos a disposición del ICAA y de los actores sociales. Estos resultados podrían ser utilizados como insumos no vinculantes por el ICAA, es decir que los mismos podrían o no ser aplicados.

Además, se creó por ese convenio, un órgano de aplicación llamado “Unidad de Coordinación”, conformada por dos representantes del ICAA y dos de la Fundación ECOS y se estableció la duración del mismo en dos años, prorrogables en forma automática, pudiendo ser denunciado sin causa por cualquiera de las partes.

La autoridad ambiental en el transcurso de los casi dos años transcurridos desde la firma del convenio hasta su denuncia, realizó distintas actividades y asumió posiciones, aunque éstas no sean reconocidas en la actualidad por su titular. Una oportunidad en que quedó demostrado este accionar fue en el encuentro convocado por la Fundación ECOS en abril de 2005 y que se llevó a cabo en el salón de Extensión Universitaria de la UNNE con la asistencia del titular del ICAA en su carácter de Presidente de la Comisión, donde destacó diversas actividades llevadas a cabo por su Instituto en relación a los Esteros del Iberá y según sus propias palabras: “el ICAA solicitará a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la inclusión de una partida en el Presupuesto Nacional 2006, para la continuidad de las acciones iniciadas por la Fundación ECOS en el Iberá, que culminan a fin de este año con la formulación del Plan de Manejo de la Reserva”.

Estas afirmaciones denotan su apoyo a la continuidad del proyecto.

Sin embargo, este convenio quedó sin efecto al ser denunciado por el ICAA a partir del 23 de agosto del año 2005 por la Resolución 360/05. Los motivos de esta denuncia no están muy claros, ya que se adujeron “...razones de oportunidad y conveniencia, y hasta tanto se diluciden cuestiones que hacen a la política ambiental en materia de áreas protegidas...”. Pareciera ser que nuestra autoridad, al verse sobrepasada por la opinión de diversos sectores de la sociedad y tal vez para no sentirse afectada políticamente, optó por una forma demagógica de solución, resultando la denuncia, una salida fácil, oportunista y conveniente, como se puede apreciar en el texto de la resolución mencionado anteriormente.

El Embajador Raúl Estrada Oyuela, en una visita realizada a nuestra ciudad en el mes de octubre de 2005, manifestó que este plan “...es el resultado de una propuesta del GEF-Fondo Mundial del Medio Ambiente, en el cual el gobierno de Corrientes ha participado” y que el mismo “no puede ser archivado ya que aún no se ha terminado”. Asimismo destacó que: “el proyecto de conservación del Iberá, no solamente se ha venido cumpliendo, sino que además ha tenido informes de progreso...”. Con estas expresiones confirma la participación del Gobierno provincial en el proyecto.

Ahora bien, la postura asumida por la Autoridad ambiental de apartarse del proyecto, no es casual, dado que se comenzaba a hacer sentir todo un movimiento del sector rural, la iglesia y otros actores oponiéndose al Plan de Manejo. ¿Por qué tanto problema?, si según lo manifestado por el Ingeniero Rujana en varias oportunidades, el mismo no era vinculante. ¿No será que lo no vinculante es la utilización de sus resultados por parte del ICAA? Lo cierto es que la intención era su implementación, ya que se trata, de acuerdo a manifestaciones del Embajador Estrada Oyuela de “una propuesta de cómo se puede conservar y aprovechar de manera sustentable este lugar, sin que se destruya o deteriore.”

De lo expuesto podemos sacar distintas conclusiones, pero a nuestro entender, no podemos seguir desinformando y confundiendo a la población, ni continuar prometiendo elaboración de políticas sin plazos concretos de ejecución, ni dar pasos al costado, desdecirnos o negar hechos consumados a la hora de tener que responder por nuestros actos siendo los responsables del ambiente en la provincia, y menos aún, comprometer a nuestro país en el cumplimiento de obligaciones por las que después no podremos responder. Es hora que tomemos conciencia, cada uno sabrá qué conducta asumirá, pero no nos olvidemos que la población, viene demostrando una participación activa en materia ambiental y no la podemos engañar con discursos y prácticas oportunistas.